Las empresas tienen un impacto enorme sobre las vidas de las personas y las comunidades en las que operan.
En ocasiones el impacto es positivo: se crean puestos de trabajo, las nuevas tecnologías mejoran las condiciones de vida, y la inversión en la comunidad se traduce en beneficios reales para las personas que viven en ella.
Pero, por desgracia, hay innumerables ejemplos en los que las empresas se aprovechan de normativas nacionales poco eficientes y mal aplicadas, con consecuencias devastadoras para las personas y las comunidades.
Los Estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Sin embargo, muchos no lo hacen, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de las empresas, ya sea por falta de capacidad, por dependencia de la empresa como inversor o por flagrante corrupción.
Las empresas que operan a través de las fronteras intervienen a menudo en la comisión de graves abusos, como el trabajo forzoso o el desalojo de comunidades de sus tierras y su reasentamiento forzoso en otros lugares. Se destruyen medios de vida tradicionales al contaminarse la tierra y el abastecimiento de agua.
* Fuente: Amnistía Internacional. www.amnesty.org/es